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Convenio que da seguridad jurídica a la sociedad rural

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Procuraduría Agraria firmaron un Convenio Marco de Colaboración para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo objetivo es que ejidatarios, mujeres, jóvenes e indígenas trabajadores de la tierra sean reconocidos como sujetos con derecho agrario y tengan acceso a los proyectos productivos y programas sociales.

En el evento, realizado en la sede de la Secretaría, el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que “este acuerdo nos compromete a trabajar de forma coordinada para fortalecer la atención en la seguridad jurídica de la sociedad rural, en la visión de mejorar la vida de las comunidades agrarias, a través de una mayor sinergia interinstitucional”.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, Villalobos Arámbula afirmó que más de 50 por ciento del territorio nacional está constituido en ejidos, con alrededor de 32 mil en el país.

Precisó que el objetivo central de esta iniciativa del Gobierno de México es la aplicación de justicia y responsabilidad social, en la atención de 5.6 millones de ejidatarios que no han tenido acceso a programas y beneficios, y de esta manera  resarcir la deuda con los más necesitados en el sector rural.

“De una forma ordenada atenderemos esta situación para mejorar su capacidad productiva y sus ingresos, a fin de incidir en una mejor calidad de vida, por lo que hay mucho por hacer y espacio qué recorrer para, de una forma interinstitucional, cumplir con este cometido”, subrayó.

Este convenio, indicó, nos da la pauta de trabajar en coordinación para que los dueños de las parcelas, a través de su legítima propiedad y reconocimiento, accedan a los programas del gobierno; es también un proceso importante de justicia para reconocer el legítimo derecho de las mujeres trabajadoras en el sector rural, aseveró.

Al firmar como testigo de honor, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, recordó que, como parte del gobierno federal, ambas dependencias tienen la obligación de construir nuevos vínculos, y agradeció la formalización del convenio de colaboración que permitirá atender de mejor manera a los núcleos agrarios.

“Tenemos que entender que es a través de los núcleos agrarios y de las propias comunidades, los ejidos, como realmente podríamos generar un cambio radical en cómo se han venido desempeñando en las últimas décadas, y que el abandono del campo es uno de los principales factores que afectan a nuestra sociedad, que afecta los índices de delincuencia, por el despojo, el abandono al campo mexicano”, subrayó.

Aseguró que el trabajo conjunto en temas pendientes de la política nacional agraria y territorial será clave para sentar las bases en el desarrollo de una iniciativa que armonice las leyes en beneficio del espacio y brindar una mejor atención a todos los sujetos de estas comunidades.

El Procurador Agrario, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, mencionó que, en beneficio de más de 29 mil 200 núcleos agrarios en el país (51 por ciento del territorio nacional), se tiene una política de rescate del campo, con inclusión y equidad de género.

Puntualizó que el 30 por ciento de quienes trabajan los núcleos agrarios son mujeres y no tienen el derecho de propiedad, de ahí la trascendencia de este acuerdo para atender esta situación.

La directora general de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias de la Sader, Elizabeth Landa Franco, expuso que en el Programa de Desarrollo Rural sobresalen los proyectos territoriales socialmente incluyentes en apoyo a unidades de producción familiar para vincularlos a programas multianuales y al financiamiento.

Estos componentes, dijo, tienen como objetivo la atención a mujeres, jóvenes e indígenas para incorporarlos a estas iniciativas; sin embargo, agregó, en las reglas de operación se debe acreditar la legal posesión de la tierra, justo ahí es donde la Procuraduría Agraria coadyuvará a incorporar a estos sujetos a resolver el tema de propiedad de su tierra.

Esto se atenderá a través de este convenio, principalmente en el caso de las mujeres que no tienen el derecho de propiedad de su tierra, acotó.

La directora general de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Procuraduría Agraria, Yolanda Beatriz Vera Castillo, señaló que esta falta de reconocimiento a las mujeres ha sido en todos los sectores y en todos los niveles, pero esto está cambiando y este convenio es una muestra de los alcances para su atención.

“Acciones públicas como estas son las que enaltecen nuestras instituciones y a nuestro país, y hoy podemos decir que las mujeres ejidatarias, comuneras, posesionarias y usufructuarias podrán acceder a los beneficios del Programa de Desarrollo Rural, que es al final de cuentas un reflejo del nuevo régimen encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

En el evento también participaron el coordinador general de Desarrollo Rural, Salvador Fernández Rivera, y el abogado general de la SADER, Francisco Conzuelo Gutiérrez, así como el subprocurador general, José Rafael Minor Molina, y la directora general de Organización Agraria, María de la Luz Rodríguez Morales, entre otros.

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