El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), fue acusado de proteger al grupo alemán Bayer AG, gigante mundial de los pesticidas y las semillas, en la supervisión de una variedad de simiente de algodón transgénica que a la fecha ya echó a perder 2 mil hectáreas sembradas en Baja California.
Por eso, los algodoneros del valle de Mexicali recurrirán a tribunales para demandar por fraude al coloso europeo y reclamar el pago de al menos 45 millones de pesos por daños provocados por el uso de semilla “´podrida” que Bayer vendió “gracias a la falta de controles y de coordinación” entre la SADER y la administración de la aduana fronteriza en la importación del producto.
Se trata de la variedad 1555 de la marca Deltapine, que se produce en Texas, y que Bayer vendió en Mexicali en sustitución de otra semilla transgénica que no había dado problemas el ciclo agrícola pasado: la DP1219 B2RF, de la transnacional Monsanto.
El presidente del Sistema Producto Algodón de Mexicali, Demetrio Benítez, explicó en conferencia que el SNICS no inspeccionó el desarrollo de la semilla que los campesinos sembraron este año en una superficie de 20 mil hectáreas, de un total de 30 mil que se habilitaron, pese a que oportunamente se hicieron reportes de que había problemas.
Los informes que no atendió el personal de la descentralizada incluían el no nacimiento de la planta, la falta de vigor de los tallos que ocasionaba el secado de la plántula, así como la no germinación por pudrición de la simiente.
Los ejidatarios entregaron muestras de la semilla problema, e incluso llevaron al campo al personal del SNIC y a los distribuidores de Bayer, para que constataran que “algunas de las semillas plantadas no tenían ni la almendra que deben llevar por dentro.”
Pese a ello, no recibieron respuesta ni del gobierno ni de los intermediarios ni de la transnacional que en junio del año pasado compró, en 63 mil millones de dólares, al consorcio estadounidense Monsanto.
De hecho, en septiembre del 2018 Bayer comunicó que dejaría de adquirir y vender las semillas y otros productos bajo patente de Monsanto, en virtud de que no gozan de prestigio a nivel mundial.
Para los algodoneros, el problema también se dio porque la SEDAR y la Aduana en Mexicali permitieron la importación y comercialización de la semilla “sin realizar ninguna prueba de germinación, vigor, pureza y sanidad” del producto que de último minuto se sustituyó por una aparente escasez de la variedad 1219.
Además, como otro ejemplo de que las autoridades federales protegen a Bayer y a sus distribuidores en México, la SEDAR, Hacienda y el SNIC prohíben a los productores ser ellos quienes libremente compren las semillas en el extranjero y las importen.
Esto se da porque en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el consorcio Monsanto, ahora en liquidación por Bayer, obtuvo por lo menos el 38 por ciento de los permisos en Baja California para cultivar e importar transgénicos por sí mismo, o a través de sus filiales, como son Asgrow y Calgene, en las siembras de tomate, algodón, soya, maíz, papa, calabacita, canola y calabaza.
“Tenemos que comprar un producto cuyas especificaciones de Bayer, que se encuentran impresas en la bolsa de la semilla, aseguran la germinación de al menos el 80% del producto; sin embargo, para este ciclo agrícola se sembraron 20 mil hectáreas con la semilla 1555, de las cuales, hasta el momento y por diversas causas, no se lograron dos mil hectáreas (el 10% de la superficie cultivada), y otras 500 de plano no nacieron”, manifestaron algodoneros presentes en la reunión con los medios.
Calcularon que Bayer deben pagarles por daños al menos 45 mil pesos por hectárea -cantidad que suma las ganancias no obtenidas-, en una superficie mínima de mil, para alcanzar una indemnización de 45 millones de pesos (2.5 millones de dólares).
Esa cantidad es insignificante para la firma alemana que el pasado 14 de mayo fue condenada a pagar dos mil 55 millones de dólares de indemnización por las denuncias de que su herbicida Roundup provoca cáncer en los Estados Unidos.
De prosperar la demanda de los algodoneros, sería la primera vez en México en que una transnacional ligada a semillas y herbicidas transgénicos pague una indemnización económica a campesinos afectados por la calidad de sus productos.
Hace 5 años –en marzo, abril y julio del 2014-, jueces federales concedieron amparos a indígenas y campesinos de Campeche y Yucatán para suspender la siembra de soya transgénica de Monsanto, con lo cual beneficiaron a 30 mil apicultores de la región peninsular.
Fuente : Proceso