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Cambio climático, sequía y gobierno

La razón del estado moderno es la de garantizar la seguridad de los habitantes, la regulación de los sectores y la provisión de bienes públicos. El desarrollo económico equilibrado del país depende básicamente del que el Gobierno cumpla con las tareas antes descritas; sin embargo, en los últimos 3 años hemos visto que el Gobierno ha dejado de lado la atención parcial o total de sus obligaciones lo que ha impactado de manera desfavorable en la tendencia de desarrollo de México.

En el plano ambiental tenemos que mencionar que nuestro país fue una de las naciones que se comprometió a nivel internacional con los objetivos de la cumbre de Paris sobre Cambio Climático, a tal grado que se desarrollaron nuevos mecanismos de planeación y actuación contenidos en el Programa Especial de Cambio Climático. En dicho instrumento se planifica las acciones y presupuesto destinado al mitigar y adaptación del cambio climático. Las recomendaciones internacionales sobre a que destinar el gasto público siempre se han encaminado hacia la adaptación al cambio climático, esto es, las acciones que permitan aminorar los impactos de fenómenos hidrometeorológicos cada vez más severos como huracanes y sequías. ¿pero el Gobierno que ha hecho para aminorar el impacto del cambio climático? La respuesta es disminuir el presupuesto a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y aumentarlo en la Secretaría de Energía (para construir la refinería y rescatar a PEMEX).

A continuación, se puede ver la evolución del presupuesto de ambas secretarías en los últimos 6 años.

Fuente: GCMA con información de SHCP

Los incentivos actuales van en contrasentido a las acciones globales, seguimos apostando al uso de energías contaminantes en lugar de enfocarnos en energías limpias, en el cuidado de nuestros recursos naturales y en la adaptación al cambio climático. El costo de estas decisiones tiene su repercusión ante problemáticas como la sequía que se vive. El sistema de presas del país se encuentra en uno de los momentos más críticos en los últimos años, existen sistemas de presas que están completamente vacíos como es el caso de Sinaloa, lo que genera una competencia entre el agua para uso humano y para la producción agroalimentaria.

El sector agroalimentario es uno de los principales consumidores de agua de las presas y se le califica como uno de los sectores que más desperdicia el agua; pero una buena parte del desperdicio se genera durante la conducción de las presas hacia los distritos y unidades de riego, y posteriormente en la aplicación del riego. Es preocupante que en la última Encuesta Nacional Agropecuaria se observa un retroceso en el nivel de riego tecnificado en el país, ya que pasó de 70% de la superficie con uso de riego rodado en 2017 a 75% en 2019. El Gobierno debería estar preocupado en la inversión que mejore el aprovechamiento del agua y que garantice una mejor adaptación al nuevo escenario climático, sin embargo, observamos que la inversión pública en presas, distritos de riego, unidades de riego, y parcelas ha caído de manera sustantiva. Se eliminaron los subsidios a la tecnificación riego, disminuyó en casi 90% el presupuesto destinado a la mejora en la conducción del agua desde las presas a los distritos y unidades de riego, así como la inversión a la infraestructura hídrica en centros de población.

El lema del gobierno ha sido “primero los pobres”, y en efecto, son los pobres quienes están resintiendo las malas decisiones ya que son ellos quienes pierden sus cosechas. Son los principales afectados por las inundaciones. Son los principales afectados el alza de precios de la canasta básica. Son los principales afectados al no contar con agua potable. Son los más expuestos al cambio climático.

México necesita regresar a la planeación de largo plazo, generar bienes públicos que garanticen el desarrollo equilibrado para las siguientes generaciones.

Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

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