Un juez federal negó la suspensión definitiva a René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria (Segalmex), contra el congelamiento de su cuenta bancaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gavira Segreste enfrenta dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como tres juicios en desarrollo, dos por ejercicio ilícito del servicio público y una por defraudación fiscal.
El 27 de junio pasado, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, había otorgado la suspensión provisional al ex directivo administrativo de Segalmex para acceder a sus cuentas bancarias.
Sin embargo, el juez le negó la suspensión definitiva luego de que 29 de junio, el Director de lo Contencioso de la UIF entregó las constancias que sustentan el embargo, bloqueo y/o congelamiento de las cuentas bancarias a nombre de René Gavira Segreste.
Asimismo, los apoderados legales de Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Banco Inbursa, rindieron sus informes justificados sobre las cuentas bancarias aperturadas por el quejoso.
El ex directivo promovió la demanda de garantías el pasado 16 de junio, donde reclamó la orden verbal o escrita de las autoridades financieras para bloquear o inmovilizar el dinero que depositó en dichos bancos.
Gavira Segestre ha obtenido suspensiones de jueces federales para evadir a la justicia mexicana. Uno de ellos se la otorgó el juez Enrique Vázquez Pérez, titular del juzgado sexto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México, para impedir su detención y encarcelamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, por su presunta participación en la compra simulada de 8 mil 700 toneladas de azúcar.
Cuando se le concedió esa suspensión, Gavira Segreste había obtenido en tres causas penales el beneficio de enfrentar sus procesos en libertad, aunque tenía que firmar el libro de procesados y estar impedido para salir del país. No obstante, en abril pasado obtuvo un cambio de medidas cautelares, que le permitió dejar de acudir ante autoridades jurisdiccionales para que confirmaran su disposición a cumplir con sus obligaciones procesales.